El 1 de octubre abre grietas en el bloque constitucionalista

La jornada del 1 de octubre en Cataluña ha abierto grietas en el llamado bloque constitucional -PP, PSOE y Ciudadanos- aunque los tres partidos que lo integran coinciden en la defensa del estado de derecho y en su frontal rechazo a las actuaciones del Gobierno autonómico catalán.
Ciudadanos se manifestan en Barcelona en protesta contra las acciones policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. EFE/QuiqCiudadanos se manifestan en Barcelona en protesta contra las acciones policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. EFE/Quique García

 

Carlos Moral

 

 

El PSOE ha marcado diferencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en torno a dos asuntos: por un lado ha criticado la respuesta policial para impedir las votaciones del pasado domingo y, por otro, exige al Gobierno que reúna a todos los partidos y que abra un diálogo con el presidente catalán, Carles Puigdemont.

En el primero de estos capítulos ha ido incluso más lejos al pedir la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que hace responsable de las “instrucciones políticas” que desembocaron en las cargas policiales. El PP ha respondido ha acusado a los socialistas de aliarse con los independentistas.

Mientras el PSOE reclama al Gobiero iniciativa política, Rajoy espera los próximos pasos de la Generalitat -posible declaración de independencia- para ajustar la respuesta del Estado. La posibilidad de que tienda puentes con Puigdemont parece remota por cuanto el Gobierno ve en él a un presidente desleal con quien la interlocución es imposible.

Ciudadanos, que considera timorata la respuesta del Gobierno al desafío secesionista, también reclama iniciativa al Ejecutivo, en su caso para aplicar el artículo 155 de la Constitución -el que permite al Estado asumir competencias autonómicas- con el objetivo de convocar elecciones regionales anticipadas en Cataluña.

Esos comicios son, para el partido que preside Albert Rivera, la única salida a la situación de bloqueo actual. Sin embargo, su hipotética convocatoria abre también algunas incógnitas, entre ellas la respuesta de los independentistas a unas elecciones convocadas desde Madrid, y el siguiente paso a dar si los resultados son similares a los actuales o crece el secesionismo.

El PSOE no descarta explícitamente el recurso al artículo 155, pero prefiere que sea el Tribunal Constitucional el que proceda legalmente contra Puigdemont y su Gobierno si finalmente declaran la independencia de Cataluña.

Las diferencias entre PP, PSOE y Ciudadanos se reproducen en el Parlamento catalán, donde los socialistas del PSC abogan por poner en marcha una reforma de la Carta Magna que reconozca la identidad nacional de Cataluña y aumente sus cuotas de autogobierno, una solución que ninguno de los demás actores comparte.

Fuera del bloque constitucionalista, el Gobierno tiene la oposición frontal de Podemos y ahora también la de los nacionalistas vascos del PNV, agravada por la lectura que han hecho de lo sucedido el 1 de octubre. Ambas formaciones creen que la solución para el conflicto de Cataluña pasa por un referéndum pactado.

Tras recriminar la actuación del Gobierno durante la jornada del referéndum ilegal, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha emplazado al PSOE a construir una alternativa que expulse a Rajoy de La Moncloa. Esa mayoría requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, lo que en la actual coyuntura descarta cualquier aproximación a los socialistas, también contrarios al referéndum pactado.

Si la oposición de Podemos estaba descontada por el Gobierno y no afecta a su gestión, el distanciamiento con el PNV podría tener, en caso de mantenerse, efectos importantes en la política española, puesto que sus 6 diputados son clave para el Ejecutivo que, de momento, se ha visto obligado a posponer la aprobación de los Presupuestos para 2018.

Para los nacionalistas vascos, tradicionalmente muy próximos a los nacionalistas catalanes de la antigua Convergencia, que ahora forman parte de la coalición independentista, el asunto de Cataluña es muy sensible por su paralelismo con el País Vasco, y la respuesta policial para imponer la legalidad ha sido contemplada con especial disgusto.

Tras años de desencuentro, la relación entre el Gobierno y el PNV es ahora muy fluida y ha permitido la aprobación de las cuentas nacionales para 2017 tras negociar importantes contrapartidas para la comunidad autónoma vasca.

El acuerdo está muy reciente y el mutuo interés puede animar a que las posturas se acercquen y la situación se reconduzca, siempre que el conflicto en Cataluña se atempere. EFE

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Publicado en: Análisis