Posverdad y banalización de los desaparecidos en Argentina

En tiempos de post-verdad y noticias falsas la democracia padece la manipulación mediática amplificada por las redes sociales. Personajes como Julian Assange o Edward Snowden refuerzan estas campañas, como se vio en Cataluña. Y si bien la corrupción y el descrédito de los políticos y los partidos ha ahondado un problema que trasciende a América Latina, no es menos cierto que el populismo en su afán polarizador busca arrasarlo todo, llegando incluso a banalizar el significado de los desaparecidos en Argentina.
Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED

Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED

 

Esta herida, herencia de la última dictadura (1976 – 1983), aún no cicatrizó. Tras los juicios de Raúl Alfonsín contra las Juntas militares que impulsaron el terrorismo de estado más atroz conocido en Argentina hubo que esperar a Néstor Kirchner para que los procesos contra represores y torturadores recobraran impulso. Su objetivo era dotarse de mayor legitimidad después de llegar al poder con el 22 % de los votos y la renuncia de Carlos Menem a la segunda vuelta.

Por eso primó el carácter fundacional de su política de derechos humanos. Un año después de su llegada al poder, el 24 de marzo de 2004, en un nuevo aniversario del golpe militar, ordenó descolgar los cuadros de los generales Videla y Mignone exhibidos en el Colegio Militar. El mismo día, en un discurso en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), el mayor centro militar de tortura y desapariciones, acabó con el pasado pidiendo: “perdón de parte del Estado por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades cometidas por los represores ilegales de la dictadura militar”.

Casualmente hizo “desaparecer” a Alfonsín, olvidando todo lo que ésta había hecho y lo mucho que habían cambiado las cosas desde su llegada al poder en 2003. Los principales protagonistas del terrorismo de estado habían abandonado la milicia, cuya fuerza se había visto reducida por los recortes presupuestarios, mientras la condena a los militares era asumida con naturalidad por la sociedad argentina.

El sesgo pro derechos humanos se agudizó con Cristina Fernández, ansiosa de presentarse como una política de izquierdas, aliada de progresistas y bolivarianos latinoamericanos. Hebe Bonafini y sus Madres de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de derechos humanos, respaldaron al Gobierno. Con su integrismo político y su virulencia verbal Bonafini reivindicó los atentados del 11-S, a los terroristas españoles de ETA y la lucha armada de las guerrillas argentinas en las décadas de 1970 y 1980.

Así, algunos organismos de derechos humanos rechazan discutir el mítico e intocable número 30.000. Una ley de la provincia de Buenos Aires obligaba a hablar de 30.000 desaparecidos, presentando lo ocurrido como un genocidio. Esto contradice las evidencias empíricas más solventes, como el Informe “Nunca Más” de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), que menciona una cantidad inferior a 9.000 desaparecidos. Luis Alberto Romero es uno de los intelectuales más destacados en cuestionar la sacralización numérica. Muy crítico con la politización de los derechos humanos, ha señalado que el kirchnerismo potenció su “instrumentación política”, usándolos “como un ariete” contra el Gobierno de Macri, al que había definido como “negacionista y genocida”.

Esto se relaciona con las denuncias contra Macri por la desaparición de Santiago Maldonado, un joven anarquista que participaba en una movilización con los mapuches en la Patagonia. La falta de noticias sobre su paradero disparó las denuncias sobre la responsabilidad gubernamental. Se habló de una salvaje represión, de un posible asesinato o de graves torturas que habrían provocado su muerte.

Días después de su desaparición, las Madres de Plaza de Mayo mostraron su ira, insistiendo en que Maldonado desapareció “luego de un desalojo brutal y una feroz represión de Gendarmería en territorio mapuche. Es repugnante la construcción que quieren hacer tildando a los mapuches de ‘terroristas’; es casi similar a lo que quisieron hacer durante la dictadura”. Horacio Verbitsky, un pilar del kirchnerismo en la materia, también comparó a Macri con la dictadura: “el Gobierno nacional pasó del negacionismo a la represión. Macri ya tiene su desaparecido”.

La cercanía de unas elecciones parlamentarias decisivas tanto para el futuro del presidente como para Cristina Fernández reforzó las denuncias y especulaciones. La mala gestión inicial del Gobierno facilitó las cosas, aunque el excesivo énfasis de las denuncias les restó credibilidad y buena parte de la opinión pública terminó olvidándose del tema. En octubre, tras 77 días, apareció el cuerpo en el lecho del río Chubut. Pese a ello, tanto los mapuches como algunos grupos opositores insistieron en su mensaje: “No hay ninguna duda, fue el Gobierno que primero desapareció a Maldonado y después plantó el cuerpo en el rio”. Aún hoy se dice que fue “víctima del nefasto cambio de época que padece el país; que ha avasallado muchos de los derechos conquistados, y que persiste en su intención de aniquilar cualquier tipo de disidencia”.

Pero la autopsia ha sido concluyente. A pocos días de encontrado el cadáver fue evidente que ni fue golpeado ni tenía impactos de bala. Y si bien existía un margen de duda para ver si los restos habían sido trasladados post mortem para encubrir la represión oficial, nuevas pruebas confirmaron que el cuerpo no fue arrastrado ni manipulado y que Maldonado murió asfixiado “por sumersión”. En su intento de fuga tropezó y al no saber nadar se ahogó en las aguas heladas.

Pese al drama que en Argentina rodea todo lo relacionado con los desaparecidos, no se dudó en utilizar políticamente el caso Maldonado, manipulándolo hasta su banalización. En vez de buscar la verdad se intentó aprovechar una situación que de confirmarse hubiera afectado la imagen de Macri y su Gobierno. Algo similar le ocurrió a Enrique Peña Nieto con los “43 de Ayotzinapa”. Una situación menos complicada y una mejor gestión tras el traspié inicial permitieron minimizar el golpe. Finalmente, las conclusiones definitivas de la autopsia, conocidas el 24 de noviembre, han supuesto un duro revés para quienes propalaron falsedades y posverdades, aunque algunos siguen insistiendo en que fue una “desaparición forzosa”.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.