PERIODISMO DE DATOS

Periodismo de Datos: Remunicipalizar, entre la financiación y la gestión eficiente

La remunicipalización o la vuelta a la gestión directa de algunos servicios públicos cedidos por los ayuntamientos a empresas privadas tiene un importante componente político que contrasta con la opinión de expertos y economistas que califican la gestión privada más eficaz y rentable económicamente.
Imagen del servicio de recogida de basuras de la localidad onubense de Valverde del Camino. EFE/ArchivoImagen del servicio de recogida de basuras de la localidad onubense de Valverde del Camino. EFE/Archivo

 

La remunicipalización y la posibilidad de llevarla a cabo está regulada por el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Régimen Local, que establece que los servicios públicos cuya competencia sea local, deberán ser gestionados de la forma más sostenible y eficiente, independientemente de si se opta por la gestión directa o por la indirecta.

Para Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que agrupa tanto a empresas públicas como privadas, “la especialización de las tareas, actualmente muy complejas y tecnificadas, el desarrollo tecnológico y la movilización de recursos, obligan a disponer de entidades muy especializadas y profesionales, frente a la clásica forma de administración pública directa”.

Construcción de infraestructuras del Canal de Isabel II en la provincia de Madrid. EFE/Archivo

Una opinión que contrasta con la de Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, firme partidario de la gestión directa, que ve una relación entre la crisis de 2008 y en el aumento, a partir de ese año, de los operadores privados de saneamiento y agua “que no puede más que entenderse en el contexto de la crisis de financiación de los municipios”.

Razones económicas y financiación municipal

Este podría ser el caso de los ayuntamientos que deciden privatizar la gestión a cambio de un canon concesional, es decir la tarifa que abona la empresa y que posteriormente recupera mediante las facturas de los servicios privatizados.

Un importante ingreso monetario que, al contrario de lo que sucede en otros países en los que el canon está igualmente implantado, no es obligatorio destinarlo al sector cuya gestión se ha privatizado.

Esta razón, puramente económica, se contrapone con las iniciativas de cariz político emprendidas por algunos ayuntamientos españoles tras la irrupción en los gobiernos municipales de nuevas formaciones políticas de izquierdas.

Un grupo de personas protestan por la subida de su factura del agua. EFE/Archivo

Conclusiones diferentes

Un debate de dos modelos contrapuestos en el que conviene poner en evidencia, como dice la Ley citada anteriormente, la eficacia de un modelo u otro antes que la ideología.

Existen varios estudios que han intentado analizar de la forma más exhaustiva posible los costes económicos de la gestión directa o indirecta de los servicios municipales, pero que han llegado a conclusiones opuestas.

 

Precio del agua en 28 ciudades y tipo de gestión del servicio. EFE/Irene de Pablo

 

Un ejemplo de ello lo encontramos en el Informe del Tribunal de Cuentas de 2013 con datos de 2011, que concluía que la gestión privada era más cara que la pública en limpieza, basura y agua, y más barata en alumbrado. La diferencia de coste más acusada se observaba en los municipios de mayor población.

Sin embargo, según uno de los autores del libro ‘Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?’ (2017), el ingeniero Ramiro Aurín, el problema de la falta de coincidencia de los diferentes estudios se encuentra en que los ayuntamientos solo proporcionan datos de sus costes directos, pero no de los indirectos.

En esa misma línea, el profesor Victorio Valle en el clásico estudio “La eficacia del gasto público y las necesidades de la economía española” (1989) consideraba que los servicios gestionados por entes públicos costaban alrededor de un 42,6 % más que los administrados por empresas privadas debidamente supervisados.

Pero si nos fijamos en un informe de la Organización de Consumidores Unidos (OCU) de 2015 el 90% de los municipios españoles optaba por la gestión privada en vez de pública, alegando un menor coste económico y una mayor eficacia.

 

El ejemplo del agua

En el caso del agua, prácticamente la mitad de la población española está abastecida por entidades y empresas gestionadas de manera directa y la otra mitad indirectamente, aunque bajo regulación de la administración pública local.

La vía de gestión privada más implantada en el servicio del agua es el denominado modelo francés, que consiste en la concesión de la gestión a una empresa privada durante un largo periodo de tiempo, o la constitución de una empresa mixta, en caso de que la anterior modalidad pudiera suponer un coste político para el gobierno municipal.

Gráfico que compara el precio del agua con el tipo de gestión. EFE/Irene de Pablo

Si a ello añadimos la existencia de ciertas cláusulas, conocidas como de “lucro cesante”, que garantizan una compensación económica en el caso de que en el futuro un equipo de gobierno municipal decidiese revocar la concesión, se crea cierta irreversibilidad de la gestión indirecta o al menos dificulta la vuelta a la gestión pública total de esos servicios.

Un debate internacional

La llegada de las nuevas formaciones de izquierda a los ayuntamientos de las dos mayores ciudades españolas, Madrid y Barcelona, y su pretensión de devolver a la gestión pública sus servicios municipales, ha visibilizado en España un debate que se lleva produciendo desde hace años en todo el mundo.

En un estudio publicado por el Transnational Institute que lleva por nombre “Our Public Water Future. The global experience with remunicipalisation” se afirma que entre marzo de 2000 y el mismo mes de 2015 se remunicipalizó el servicio del agua en 37 países , una medida que afectó a 100 millones de personas.

Una tendencia que se duplicó entre los años 2010 y 2015 especialmente entre los países con mayor nivel de vida destacando Francia, con 94 casos, y los Estados Unidos, con 58, y en el que se encuentran las dos ciudades europeas más importantes: París y Berlín.

Reconocidas como un éxito y un ejemplo movilizador por los partidarios de los servicios públicos, la eficacia de la remunicipalización del agua en estas dos ciudades es puesta en duda por los partidarios de una gestión indirecta como Ramiro Aurín, que considera que el modelo público de gestión del agua no se ha traducido en una mejora.

Este experto sostiene que la capital alemana tiene el agua más cara de Europa y que en la capital francesa han aumentado los problemas en las infraestructuras debido a la falta de un adecuado mantenimiento.

La satisfacción de los usuarios

Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios públicos. Según el informe de percepción de los servicios públicos a cargo del Ministerio de Hacienda, la mitad de los españoles se declaran satisfechos con el funcionamiento de estos servicios, independientemente de su gestión.

No obstante, en un reciente estudio de la OCU en 2015 sobre el grado de satisfacción con los servicios públicos, se concluye que la satisfacción con la limpieza municipal es mayor en aquellas localidades en la que la gestión es privada.

Las tres ciudades españolas con el precio del agua más caro y más barato. EFE/Gerardo Domínguez

Sin embargo Madrid, una de las ciudades que más gasta en limpieza municipal y con un tipo de gestión privada de estos servicios, es según este estudio una de las más sucias ocupando el penúltimo puesto del informe.

Caso diferente al de Badajoz, que en 2011 estaba gestionado de forma pública con una satisfacción del 30% y en 2015 comenzó a ser gestionada de forma privada, con un porcentaje de satisfacción del 55%.

Junto a la calidad del servicio la cuestión que más afecta al ciudadano es su reflejo en la factura. En un análisis sobre el precio del agua en 28 ciudades españoles, difundido en 2016 por Facua-Consumidores en Acción, se concluye que Murcia (29,35 euros) y Barcelona (23,49 euros), ambas gestionadas por una empresa mixta, son las ciudades donde el servicio del agua es más cara, seguidas de Cádiz (23,75), donde la empresa de gestión es pública.

Los ciudadanos que menos pagan por su recibo del agua son los de Valladolid (10,82), con un modelo de gestión privado, Zaragoza (11,31), con gestión pública, y Salamanca (12,49), gestionada de manera privada.

Balance final

Como conclusión cabe plantearse la importancia de la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo del servicio por encima del modelo elegido, lo que obliga a prestar atención a los posibles cambios y atender las inversiones necesarias para mantener el buen funcionamiento de las infraestructuras.

Igual de importante es garantizar la transparencia y la fijación de unos marcos normativos que obliguen a las autoridades municipales. Es aquí donde adquiere importancia la figura de un “regulador” profesionalizado e independiente, que sería el encargado de garantizar la correcta prestación del servicio a los ciudadanos.

Una figura indispensable para hacer frente a los casos de corrupción que han afectado a empresas públicas, como es el caso del Canal de Isabel II en Madrid, y a procesos privatizadores realizados de manera opaca y ajenos al beneficio para el ciudadano o por simple afán recaudatorio.

 

 

Información de Gerardo Domínguez y Luis de León con la colaboración de Silvia De Francisco.

Este texto forma parte de la nueva línea de producción de periodismo de datos de la Agencia EFE, que se ha puesto en marcha recientemente y que incluye otros formatos informativos. Para ampliar la información y solicitar más contenidos relacionados, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo de L a V desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección  en la dirección soportecomercial@efe.es

Tiene accesible toda la documentación de este informe aquí

Etiquetado con: ,
Publicado en: Análisis