La eutanasia aún es ilegal en España, tras 20 años del fallecimiento de Sampedro

La asociación a la que pertenecía Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que tuvo que recurrir hace hoy veinte años a un suicidio asistido para cumplir su deseo de morir, confía en que el PSOE cumpla con su "compromiso" de presentar una ley de la eutanasia antes de que finalice el invierno. La asociación del Derecho a Morir Dignamente (DMD), señala que el derecho a la vida lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones penosas.
Porto do Son (La Coruña), 14/01/2007.- Amigos de Ramón Sampedro, durante un homenaje en la playa Das Furnas. EFE/Archivo/X.REYPorto do Son (La Coruña), 14/01/2007.- Amigos de Ramón Sampedro, durante un homenaje en la playa Das Furnas. EFE/Archivo/X.REY

 

En marzo del pasado año, la proposición de ley de Unidos Podemos para legalizar la eutanasia no salió adelante, y ahora se está tramitando una proposición de ley de Ciudadanos, sobre los derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.

El Código Penal tipifica como delito tanto la eutanasia como el suicidio asistido. El artículo 143.4 castiga a quienes ayuden a morir a otro, aunque la petición sea consciente, reflexionada y reiterada, y expresada por una persona con dolencias irreversibles que le causen sufrimiento. La ley prohíbe ayudar a morir y lo castiga con entre seis meses y dos años de prisión.

La Ley de Autonomía del Paciente (2002) y las normativas de muerte digna de nueve CCAA reconocen a los enfermos el derecho a no recibir tratamientos que alarguen sus vidas, pero no a que una tercera tercero mueva un dedo para ayudarlos a morir.

La asociación del Derecho a Morir Dignamente (DMD), es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1984 que defiende la libertad de toda persona a decidir el momento y forma de finalizar su vida, especialmente cuando padece un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable.

Entre sus objetivos, promueve el respeto a la libertad del individuo como un pilar básico de una sociedad democrática y un valor superior (Constitución española, art. 1) y el derecho a la vida y a la integridad física y moral (sin que en ningún caso seamos sometidos a tratos inhumanos o degradantes, art. 15).

La DMD señala que el derecho a la vida lleva aparejado el deber de respetar la vida ajena, pero no el deber de vivir contra la propia voluntad en condiciones penosas. El Estado debe proteger la vida, pero no imponer el deber de vivir en todas las circunstancias.

Hace veinte años, el 12 de enero de 1998, el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro falleció tras ingerir un preparado de cianuro que le habían proporcionado. Puso fin a su vida después de 29 años de enfermedad tras perder la batalla legal que emprendió en 1993 para que se le aplicara la eutanasia y grabó el vídeo de su muerte para que las personas que le ayudaron en los preparativos no fueran penalizadas.

Sólo hubo una imputada en el caso, Ramona Maneiro, apoyada por las firmas de más de 13.000 personas que se culparon de la muerte, hasta que 20 meses después el caso fue archivado por falta de pruebas.

En enero de 2005 Ramona Maneiro reconoció que fue ella quien ayudó a morir a Sampedro suministrándole un vaso con cianuro que dejó a su alcance y que él se encargó de beber.

Desde entonces, se han registrado otros sucesos parecidos en España. Entre los más mediáticos figura el del pentapléjico Jorge León, de 53 años, que en mayo de 2006, fue encontrado muerto en su domicilio de Valladolid, desconectado de la máquina que le mantenía con vida desde hacía seis años, cuando sufrió un accidente doméstico que le dejó postrado en una silla de ruedas y con movilidad solo en los labios.

En 2006 Inmaculada Echevarría, una mujer de 51 años, aquejada de distrofia muscular progresiva, y que llevaba casi diez años ingresada en un hospital de Granada, expresó públicamente su deseo de morir. Falleció en marzo de 2007. En enero de ese mismo año, Madeleine Z., una mujer francesa de 69 años aquejada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se quitó la vida en su casa de Alicante acompañada por voluntarios de Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Ramona Estévez, de 90 años y en coma irreversible tras un infarto cerebral, solicitó que se le retirara la sonda nasogástrica, y falleció el 6 de septiembre de 2011. Y en 2015, los padres de Andrea, una niña de 12 años aquejada de una enfermedad degenerativa irreversible reclamaron una muerte digna para su hija. Falleció en octubre. EFE

 

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